El Gobierno Nacional radicó esta tarde un recurso de súplica ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que aumentó al 23.7% el salario mínimo para el 2026.

Según el alto tribunal, el Gobierno no sustentó como debía ser el aumento basado en criterios técnicos y legales exigidos por la Ley 278 de 1996. 

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El recurso fue firmado por el representantes de los Ministerios de Trabajo, de Hacienda, del Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, quienes solicitaron al Consejo de Estado revocar el auto de suspensión porque  “excedió los límites del poder cautelar”. 

"El auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio",  indica apartes el recurso presentado por el Gobierno.

Este recurso fue radicado un día antes de la jornada de movilizaciones convocada por el Presidente Gustavo Petro para respaldar el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026.

En diciembre pasado, el mandatario decretó un aumento del 23,7 % del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograra acordar el porcentaje del ajuste.

La medida fue presentada como la implantación del "salario mínimo vital" y para este año quedó en dos millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte.

El incremento, el más alto en este siglo en el país, fue ampliamente criticado en su momento por sectores empresariales y analistas económicos, que advirtieron sobre su posible impacto en la inflación y el empleo.

Sin embargo, con el país en vísperas de elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, la subida del salario mínimo cuenta con amplio respaldo político porque nadie quiere asumir el costo electoral de quitar a los trabajadores lo que el propio Petro considera un derecho adquirido.

*Con información de EFE.